La norma aprueba las condiciones mínimas de bioseguridad y Buenas Prácticas Acuícolas que deberán cumplir los establecimientos dedicados a la producción comercial de peces para consumo. Además de requisitos de infraestructura y manejo sanitario, incorpora obligaciones de documentación, registros, monitoreo, planes de contingencia y la intervención de un Técnico Acuícola acreditado.
¿Qué cambia desde el punto de vista regulatorio?
Hasta ahora existían normas sanitarias dispersas. Con esta resolución, el SENASA construye un estándar nacional uniforme para todos los establecimientos alcanzados.
Ese cambio tiene dos efectos que merecen analizarse.
1. Competencia regulatoria dentro del país
La producción acuícola se desarrolla en un esquema donde también intervienen provincias y, en algunos casos, municipios, especialmente en materias como:
- uso del agua;
- habilitación de establecimientos;
- evaluación ambiental;
- ordenamiento territorial;
- concesiones sobre cuerpos de agua.
La Resolución 793/2026 no desplaza esas competencias. El SENASA regula exclusivamente los aspectos sanitarios bajo su jurisdicción. Sin embargo, al establecer un estándar nacional de bioseguridad, agrega una nueva capa regulatoria que deberá convivir con los regímenes locales.
En la práctica, los productores deberán verificar cómo se articulan las nuevas exigencias nacionales con los requisitos provinciales ya vigentes, evitando duplicaciones o inconsistencias regulatorias.
2. Competencia con otros países
La otra cuestión es económica.
Toda regulación genera costos de cumplimiento.
La implementación de protocolos, registros, monitoreos, responsables técnicos e infraestructura implica inversiones que pueden resultar relativamente bajas para establecimientos de gran escala, pero significativas para pequeños y medianos productores.
La pregunta relevante no es si la bioseguridad es importante —difícilmente alguien lo discuta— sino si el costo regulatorio adicional mejora efectivamente la competitividad internacional del sector.
Si estos estándares permiten acceder a mercados con mayores exigencias sanitarias o reducir pérdidas por enfermedades, pueden transformarse en una ventaja competitiva.
Pero si los principales países competidores operan con cargas regulatorias menores o con sistemas equivalentes de menor costo, el nuevo régimen también podría incrementar el costo relativo de producir en Argentina.
Una cuestión para seguir
La resolución prevé un período de adecuación de hasta 24 meses, lo que muestra que el propio regulador reconoce que parte del sector deberá realizar inversiones para cumplir con el nuevo estándar.
El desafío será que esa mayor exigencia sanitaria se traduzca en una mejora efectiva de la competitividad y no solamente en un incremento de los costos de cumplimiento.
Desde una mirada de cadena agroproductiva, el equilibrio entre sanidad, costos regulatorios y acceso a mercados será el indicador que permitirá evaluar el verdadero impacto de esta resolución.
No responses yet